Tal como se esperaba, el BCRA endureció los controles cambiarios, y lo hizo de una manera feroz. El límite de compra mensual pasó desde US$ 10.000 a nada menos que US$ 200 para personas físicas con cuenta bancaria y a sólo U$S 100 para ser comprados en efectivos. “Las medidas buscan preservar las reservas”, señalaron desde el BCRA.
La medida fue adoptada por el Directorio del BCRA que, tal como había anticipado el sábado, se reunió en la noche del domingo. Tanto del BCRA como desde Hacienda habían asegurado que no se iban a endurecer los controles. Sin embargo, la sangría de reservas se había tornado crítica la semana pasada, y en el mercado alertaban que eran números insostenibles. Los resultados electorales del domingo, se temía, podían acelerar la salida de depósitos (contabilizadas como parte de las reservas) y las compras de los ahorristas.
Otras opciones, como establecer un Feriado Bancario, fueron desechadas.
Los economistas se sorprendieron por la dureza de la decisión del BCRA porque en la previa se hablaba de reducir el monto mensual a la zona de US$ 3.000-5.000.
En el mercado anticipan que la brecha cambiaria entre el dólar oficial, que el viernes cerró a $59,99 en el MAE y el dólar CCL, que cerró a un nivel de $81,81, se ampliará.
Si bien el BCRA dijo que son medidas “transitorias hasta diciembre”, es probable que las restricciones se extiendan más allá de ese lapso.
Así, casi como boomerang, Mauricio Macri terminará su mandato con una de las políticas que, siendo oposición en el pasado, más criticó de los último años del Gobierno de Cristina Kirchner.
Para el nuevo Presidente electo, Alberto Fernández, la medida aparece como conveniente. Virtualmente cerrado el grifo minorista, el impacto de una potencial dolarización tendrá menos carretel, evitando la suba en el dólar (una devaluación generaría más inflación, con repercusiones en sus primeros meses de su Gobierno) y, sobre todo, un mayor impacto en las reservas. Cuantas más reservas reciba él el 10 de diciembre, mejor. Por último, lo evita de pagar el costo político de ajustar el cepo hasta niveles irrisorios.
