El 9 de marzo se cumple una década de la primera sentencia que paralizó el desarrollo del complejo de lujo, pero la solución definitiva del caso está a la espera de la decisión final del Tribunal Supremo

Este 9 de marzo se cumplen 10 años del primer auto judicial contra el complejo turístico de la Isla de Vadecañas (Cáceres), un resort de lujo que comenzó a construirse en 2007 en unos terrenos que formaban parte de una ZEPA (Zona de Especial Protección). Era la primera sentencia de una larga batalla judicial que a día de hoy todavía no tiene la decisión definitiva, a falta de que el Tribunal Supremo se posicione contra un recurso de casación presentado por los ecologistas, quienes consideran que demoler la segunda fase de la construcción y dejar el statu quo actual (como falló el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura -TSJEx- el 30 de junio del año pasado) es del todo punto insuficiente.

La Junta de Extremadura, que avaló en su día la urbanización, ha planteado ahora una regeneración en la zona con la puesta en marcha de 53 actuaciones a desarrollar en 35 meses para la 'revegetación' de lugar, que incluye vigilancia medioambiental, creación de dos depuradoras o la señalización e información sobre la ZEPA, entre otras. Estas medidas han sido avaladas por el TSJEx, que ha instado a la Junta esta semana a ponerlas en marcha cuanto antes -con independencia de la resolución final del Supremo- "porque son claramente beneficiosas para el medioambiente".

A una hora y media de distancia de Madrid, y con ese aval político, Marina Isla de Valdecañas -la promotora de la urbanización que entraría en concurso de acreedores ante los frenazos judiciales- llegó a invertir en la primera fase del desarrollo del complejo -en una superficie de 133 hectáreas- cerca de 140 millones de euros, con la creación de un hotel de cuatro estrellas de 80 habitaciones, campo de golf, embarcadero, playa artificial, dique, instalaciones deportivas... en unos terrenos donde con anterioridad había solo "un secarral", según aseguran los más viejos del lugar. En el desarrollo del complejo se apostó por la implantación de vegetación (200.000 unidades de plantas, árboles y arbustos de amplia variedad biológica) y más de 75.000 metros cuadrados de césped.

A la misma vez que 183 solventes propietarios firmaban las escrituras de adquisición de los chalets independientes de la exitosa promoción puesta en venta -a razón de medio millón de euros de media por vivienda-, el TSJEx dictaba el 9 de marzo de 2011 la primera resolución -atendiendo a la denuncia de las Adenex y Ecologistas en Acción CODA- que declaraba nulas las actuaciones de la Junta de Extremadura. La administración regional había autorizado en un Consejo de Gobierno, bajo el mandato de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a la autorización del desarrollo urbanístico al catalogar el proyecto como de Interés Regional (PIR). Esta primera sentencia obligaba -con la confirmación luego del Tribunal Supremo en 2014 o el Constitucional después- a restituir la zona a su estado anterior. La promotora se vio obligada a paralizar las obras de la segunda fase, que incluían otro hotel, éste de cinco estrellas, siete villas independientes y 85 nuevos apartamentos, más otras 103 villas agrupadas, entre otras inversiones.

FAMOSOS:

Profesionales liberales, abogados, personas relacionadas con la banca e incluso algún que otro famoso (Gómez Acebo o José María Aznar hijo, entre otros) compraron una de las viviendas e incluso Fran Murcia, ex jugador de baloncesto, se puso al frente de la coordinación deportiva de las instalaciones.

"La gente compró sin conocer la situación de que podía haber problemas, eso desde luego; nadie nos avisó de nada y actuamos de buena fe, como se dice en la sentencia, pero hemos estado señalados durante mucho tiempo", describe Juan Vázquez, uno de los propietarios, quien subraya que durante este último año -debido a la pandemia- la utilización del recinto se ha incrementado, sirviendo esta segunda residencia como lugar permanente para el teletrabajo por parte de muchos profesionales.

Pero hay otros casos, como de un propietario obligado a cambiar su residencia a Bruselas por motivos profesionales y al que le ha sido imposible vender su vivienda en Valdecañas debido a la paralización judicial del proyecto y la consiguiente pérdida de valor de los inmuebles. "¿Quién va a querer invertir ahora en la zona hasta que todo se aclare finalmente?". Si se dictara una orden judicial de derribo completo, cuestión ahora bastante improbable, los propietarios se plantearon en su día pedir una indemnización por daños y perjuicios que podría alcanzar los 215 millones.

CREACIÓN DE EMPLEO:

La incertidumbre judicial ha frenado la creación de empleo directo del complejo (un centenar, 35 indefinidos y otros 65 eventuales) y casi el doble de manera indirecta, además de beneficiar económicamente a los dos pueblos de la zona, El Gordo (400 habitantes y 300.000 euros de impuestos que recibe del complejo) y Berrocalejo (198 habitantes y unos 6.000 euros).

En la lucha contra la despoblación de las zonas rurales, el pueblo más cercano, El Gordo, ha sido en esta década el gran beneficiario de la construcción de la primera fase, porque el desarrollo completo anulado judicialmente se iba a realizar en terrenos cercanos de la segunda localidad, Berrocalejo. Para su alcalde, Ángel Pedro Martínez (PSOE), la lección que tiene que aprender la Junta de todo el caso es que "no se puede declarar media Extremadura como zona Zepa; así es imposible de prosperar y eso no significa que no haya que respetar las zonas medioambientales, pero todo es compatible, desde el respeto y el orden". Esa Zona de Especial protección afecta a unas 7.600 hectáreas aunque la Isla de Valdecañas representa menos del 2% del total, ubicada junto a un embalse construido durante la dictadura de Franco en 1963, que sirvió durante años como vertedero de la comarca.

El primer edil reconoce que la última sentencia del TSJEx que mantiene el statu quo actual "es positiva porque al menos no habrá que derribarlo todo y los puestos de trabajo se mantendrán" mientras sueña que, en un futuro, "las cosas a lo mejor puedan cambiar y quizás se pueda acabar de construirse de todo, pero al menos, por el momento, la incertidumbre es menor, en eso se ha ganado tras la última sentencia".

El abogado de los propietarios, Luis Díaz Ambrona, que junto a todas las partes implicadas, ha mantenido dos reuniones con la administración regional para el futuro plan de actuación medioambiental, considera lógico que el TSJEx haya avalado el plan de actuación de la Junta, "que no tiene nada que ver con el recurso de apelación en el Supremo de los ecologistas" debido a que, pase lo que pase, esas mejoras beneficiarán a la zona: "Y lo mejor es hacerlo cuanto antes, teniendo en cuenta los plazos que siempre tiene la Administración, y no esperar dos o tres años para esa restauración". De todas formas, subraya que tiene sus dudas de que finalmente este tribunal superior llegue incluso a admitir a trámite dicho recurso, cuestión que podría dilucidarse en un periodo próximo de entre cuatro a seis meses.

ECOLOGISTAS:

Con la asociación ecologista Adenex ya fuera del proceso por el alto coste de los recursos, Ecologistas en Acción-CODA presentó el pasado 9 de noviembre el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Se basa, según señala el abogado de este colectivo, Ángel García Calle, en que la sentencia no pudo escudarse en declarar "la imposibilidad material parcial de ejecutar la sentencia". Así, se explica en el recurso que "la solución de compromiso de declarar imposible de ejecutar la demolición y restitución de los terrenos afectados a su estado anterior contradice flagrantemente los términos del fallo que se dice ejecutar". García Calle alerta de que la Comisión Europea persigue cada vez más estos delitos urbanísticos contra el medio ambiente, "y ya ha alertado a España en reiteradas ocasiones que es muy permisiva con ellos", proponiendo incluso multas muy importantes. "Así que no es que queramos los ecologistas derribar todo el complejo sino que lo dice una sentencia del Supremo ratificada por el Tribunal Constitucional", aclara.

Sin embargo, el fallo del TSJEx que permite dejar como está la primera fase del complejo, se aferra a que en estos momentos "la debida protección del medioambiente está garantizada" así como la importancia del "impacto socio-económico en la comarca que ha supuesto el complejo" así como los "graves perjuicios económicos para la Hacienda Pública que se producirían si se derribase todo lo edificado". También se tuvo el tribunal tuvo en cuenta la "protección a terceros, el principio de seguridad jurídica y el tiempo transcurrido desde la interposición de los recursos -el primero en 2007- hasta la resolución del incidente de ejecución, en junio de 2020".

El derribo de la segunda fase del complejo -que se prolongará al menos durante tres años desde su inicio- consistirá en los cimientos de casi medio centenar de chalés, también del segundo hotel del complejo, de las viviendas terminadas que sirven ahora de oficina de la promotora y del piso piloto, entre otras infraestructuras, como las bancadas para las futuras construcciones.