Ecuador atraviesa su crisis social e institucional más grave de los últimos 14 años tras la masiva movilización popular generada a raíz de la decisión del presidente Lenin Moreno de aplicar un paquete de ajuste económico drástico, que significa enormes sacrificios para la parte más débil de la población. Es imprescindible que cualquier solución pase de forma indubitable por el respeto a la institucionalidad y a las reglas del juego democrático.
Moreno anunció seis medidas, entre las que destacan la disminución de los salarios de los contratos temporales en el sector público, la liberalización del precio de la gasolina y la eliminación de los subsidios al combustible. Todas ellas tienen consecuencias negativas en los sectores más desfavorecidos, que llevan años sufriendo una difícil situación, producto, entre otras circunstancias, de políticas económicas que responden, en general, más a medidas electoralistas que a estrategias de fondo.
La economía ecuatoriana presenta un abultado déficit fiscal, un alto nivel de endeudamiento y una preocupante parálisis en su crecimiento. Con el llamado paquetazo, Moreno pretende, entre otras cosas, liberar los 1.400 millones de dólares anuales que el Estado gasta en beneficios al consumo de combustible. También tiene previsto plantear una reforma laboral y la retirada de aranceles a determinadas materias primas. Quizá desde un punto de vista macroeconómico sean decisiones justificadas, pero tienen graves consecuencias en la vida cotidiana; en la microeconomía, que es tan relevante como los grandes números.
Los indígenas han capitaneado una protesta que ha obligado a suspender la conducción del petróleo por el principal ducto del país, así como la actividad docente en algunas zonas y el transporte público. Pero el acontecimiento de carácter político más grave fue la decisión de Moreno de trasladar la sede de su Gobierno desde la capital, Quito, a la ciudad de Guayaquil por motivos de seguridad y que, inevitablemente, evocó la caída de Lucio Gutiérrez en 2005. La decisión adoptada el miércoles por el presidente constitucional de regresar a la capital subsana esta percepción y ayuda a rebajar el clima de incertidumbre institucional, aunque continúen las protestas —los choques violentos con la policía ya han producido algunos muertos— por las calles de Quito. Abandonar la sede del Gobierno es un signo muy negativo de cara a una evolución positiva de los acontecimientos y Moreno ha hecho bien en dar marcha atrás en un traslado que ha generado más alarma que certidumbre.
Del mismo modo, es positivo el anuncio de crear una agenda de diálogo con las organizaciones indígenas que lideran la protesta y a las que ahora se ofrecen “seis ejes de acción en la ruralidad” para compensar el fin del subsidio de los combustibles. Toda iniciativa que ayude a volver a la normalidad cuanto antes debe ser bien recibida, si bien es cierto que dicha agenda tendría que haberse ofrecido antes o, al menos, en paralelo, al paquetazo que ha desencadenado las protestas.
Corresponde al presidente democráticamente elegido por los ecuatorianos gobernar el país. Las protestas, por muy legítimas y justificadas que sean, no pueden sobrepasar nunca el límite del mandato en las urnas, que es la única vía en que en una democracia se pone y se quita a los gobernantes.
