Los hallazgos preliminares del Análisis de Integridad Electoral a las elecciones de 20 de octubre, realizado por un equipo de expertos designado por la Organización de Estados Americanos (OEA) a solicitud de Bolivia, ha terminado por precipitar la renuncia del Presidente, con lo cual el país ha quedado sin gobierno ni claridad de quién habrá de ocupar el cargo.
La renuncia del presidente Evo Morales a su cargo es parte de la resolución de una crisis desatada apenas concluyó la votación, y que desde anoche tiene rasgos que recuerdan los de un golpe de Estado, con la Policía y el Ministerio Público deteniendo a decenas de autoridades como si fuesen delincuentes comunes encontrados en flagrancia, y mostrando una celeridad y unos niveles de coordinación que siempre se han echado en falta entre ambas instituciones.
En una larga despedida televisada, los mandatarios renunciantes hicieron detallado recuento de los abusos provocados por la violencia que caracterizó la movilización en las calles de las principales ciudades del país, cuyos extremos llevaron a otras autoridades de Estado, desde ministros hasta alcaldes, a presentar su renuncia, en muchos casos como producto de la amenaza y el chantaje de las dirigencias cívicas locales.
Sin embargo, tal caracterización del momento, razón suficiente para anunciar las renuncias, probablemente no ha tenido el efecto que debiera, pues a lo largo de las últimas tres semanas lo que era una desazón en algunos sectores de la sociedad se expandió a muchos otros, generando discursos de odio, producto de una bien aceitada maquinaria de persuasión que señala a los “malos” sin posibilidad de reflexión, pero también resultado de errores políticos de parte de los gobernantes asediados.
El informe de hallazgos preliminares del equipo de expertos presentado a la Secretaría General de la OEA fue la piedra de toque para desatar las fuerzas ahora movilizadas con violencia, las que ya habían trabajado la pérdida de legitimidad del organismo multilateral en caso de que el resultado de la investigación no fuese útil para sus intereses. La confirmación de que las irregularidades denunciadas desde el día mismo de la elección fueron evidenciadas ha dejado sin legitimidad institucional al partido favorecido con tales irregularidades.
Los renunciantes se van y dejan un vacío de poder. Queda así abierta la posibilidad de que siquiera por un periodo de transición asuma el mando una persona carente de legitimidad, incluso si llegase a la Casa Grande del Pueblo en hombros de multitudes. El futuro inmediato se muestra sombrío. Incluso en la más optimista de las hipótesis salta a la vista el enorme costo social, político y económico que estas tres semanas han dejado; especialmente en lo que se refiere a la convivencia entre opuestos y la necesaria reconstrucción de un tejido social severamente dañado.
