La articulación con el Poder Judicial es una de las tres patas en las que se asentó el mecanismo de vigilancia y persecución descrito por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia en su informe sobre el espionaje durante el macrismo. El otro sostén fue el mediático. Desde el Congreso reclaman que ahora es tiempo de investigar la connivencia entre servicios y magistrados.

Entre 2016 y 2019, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) intervino en 85 expedientes judiciales. Lo hizo tanto en causas como en las llamadas pre-causas, que es una prerrogativa que tiene la Agencia para pedir interceptar comunicaciones cuando hay una amenaza contra la seguridad nacional. No fue justamente para lo que se usó el instituto durante la gestión de Gustavo Arribas, según lo documentado por la comisión que preside el diputado Leopoldo Moreau.

La actividad más importante de la AFI en las causas se registró entre 2016 y 2017. En el primer año de la gestión de Macri intervino en 30 causas y en 13 pre-causas. En el segundo, bajó a 23 actuaciones requeridas por la Justicia y a 4 en las que la propia exSIDE pedía pinchar los teléfonos. En 2017 fue casualmente cuando las comunicaciones de Cristina Fernández de Kirchner empezaron a llenar la programación de los canales de televisión, pero no todo se quedó allí.

Los audios de CFK salían de las escuchas que la AFI pidió hacer sobre el teléfono del actual senador y exdirector general del organismo Oscar Parrilli. Lo hizo con excusas variadas. En primer lugar, que Parrilli podía ser responsable de la desaparición de material de la Agencia o que podía apañar a Ibar Pérez Corradi, que era buscado por el triple crimen de General Rodríguez. Lo que logró acreditar la Bicameral es que los expedientes se iniciaron en simultáneo y que los períodos de escucha sólo se distanciaron entre uno y otro por 25 días. Parrilli era un actor clave para acceder a las conversaciones de CFK mientras proliferaban las causas judiciales contra la expresidenta.

Para ser víctima de la AFI no hacía falta ser la dirigente política opositora más importante --como en el caso de CFK--, sino que sólo era necesario tener alguna cualidad que despertara el interés de los espías. Eso sucedió con la modelo Florencia Cocucci, que había viajado con el fiscal Alberto Nisman a Cancún. Cocucci denunció en simultáneo que recibía amenazas. Lo curioso fue que para pedir la intervención del teléfono de ella dijeron que podía estar involucrada en una célula yihadista que planeaba un atentado.

Una relación más estable

Con ribetes tragicómicos, las escuchas fueron una bisagra aceitada entre el submundo del espionaje y el mundo de los tribunales. “A partir de las filtraciones de los audios de conversaciones privadas se pudo establecer que, entre una pre-causa y la promoción de una causa penal se había montado una vigilancia perfectamente articulada y monitoreada por la justicia federal y la AFI”, afirma el informe de la Bicameral.

La cara más conocida de esa calesita entre el mundo de las escuchas y el de los tribunales es la del presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, que estuvo hasta el año pasado al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO). Otra de las caras conocidas, pero vinculada a la organización paraestatal de espionaje --al decir del juez Alejo Ramos Padilla -- fue el fiscal federal Carlos Stornelli.

La Bicameral sostiene que no sólo los medios de comunicación hegemónicos distribuyeron los audios que se tomaban en las causas sino que la propia agencia pública Télam participó de la difusión. Lo hizo desde el 23 de enero de 2017, bajo el título “Se viralizó un audio entre la ex Presidenta y Parrilli, difundido por Majul”. El escenario se repitió al año siguiente. El período de difusión de escuchas se inició el 19 de febrero de 2018. Fue un regalo de mal gusto para el cumpleaños de CFK, que se repitió al día siguiente y el 23 de ese mes.

La Bicameral estuvo abocada al análisis del funcionamiento de la DAJuDeCO durante el año pasado. Además, creó una subcomisión de Espionaje Ilegal --que es la que estuvo dedicada a la confección del informe de 377 páginas-- después de que el exsubsecretario de Asuntos Internacionales de la Defensa durante el macrismo, José Luis Vila, fuera a denunciar que él mismo había sido víctima de la inteligencia ilegal. Desde entonces, la comisión recibió 24 declaraciones: 16 de integrantes o exintegrantes de la AFI, dos de integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), dos de abogados de los familiares del ARA San Juan, una del abogado Alejandro Rúa que denunció el espionaje penitenciario y dos de funcionarios del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.

“Se llevó adelante un plan sistemático ideado en lo más alto del gobierno nacional que consistió en la violación de elementales derechos humanos y la persecución de ciudadanos argentinos por el solo hecho de su pertenencia política”, afirman los integrantes de la Bicameral en el informe. “Nada de lo sucedido era ajeno al Gobierno”.

Para evitar que vuelva a suceder algo parecido, los legisladores ofrecieron una serie de recomendaciones, vinculadas a incrementar el control parlamentario de la actividad de inteligencia:

* Modificación de la Ley de Inteligencia. La interventora Cristina Caamaño trabajó en un texto junto con expertos. Una modificación sustancial de la gestión de Alberto Fernández fue la prohibición de que los agentes participen en investigaciones judiciales.

* Control en tiempo real por parte de la Bicameral.

* Fomentar la capacitación de los agentes. Desde la Comisión sugieren que la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) quede bajo control del Congreso.

* Estimular los mecanismos de denuncia y facultar a la Bicameral para relevar a los agentes del deber de guardar secreto. Fueron varios los integrantes de la AFI --incluso el último director operacional de Contrainteligencia del macrismo, Martín Coste-- que dijeron que no podían denunciar porque las áreas de control interno estaban bajo control directo de amigos o familiares de Arribas.

* La sugerencia más fuerte es la que llama a crear una comisión investigadora de lo sucedido, porque se entiende que las investigaciones judiciales tienen límites. “El Poder Judicial llevó a cabo un análisis que implicó aplicar los tipos penales de la Ley de Inteligencia, pero no se concentró en investigar el origen del plan sistemático de inteligencia ilegal

 Por Luciana Bertoia