La Justicia Federal dejó firme la condena a 10 años de prisión para seis policías bonaerenses por haber secuestrado a un hombre al que amenazaron con cortarle un dedo en 2017, en La Matanza, y cuya captura planificaron a través de conversaciones en un grupo de WhatsApp al que titularon "Ponela Tío" porque consideraban que un familiar, al que acusaban de narco, debía pagar un rescate de 60.000 pesos.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las penas que en marzo de 2019 recayeron sobre Alejandro Gabriel Gómez, María Florencia Romero, Matías Ezequiel Brítez, Juan Leonel Peña, Sebastián Alfredo Renversade y Gabriel Alejandro Rodríguez, todos ellos oficiales de la Policía Local de La Matanza que llegaron detenidos al debate oral.

En el fallo de 38 páginas al que Télam tuvo acceso, los jueces Liliana Catucci, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi rechazaron todos los planteos presentados por las defensas y convalidaron la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín.

Los policías continuarán detenidos por el delito de "secuestro extorsivo agravado por el empleo de armas de fuego, por resultar los participantes agentes de una fuerza de seguridad y por el número de intervinientes".

La Justicia dio por acreditado que los efectivos, mientras se hallaban en actividad y vestidos con sus uniformes reglamentarios, secuestraron a un vecino de la localidad de Virrey del Pino el 7 de febrero de 2017 entre las 17 y las 20.45.

"La orden llegó vía WhatsApp al grupo 'Ponela Tío' que Rodríguez había formado y que estos seis acusados integraban. El grupo se formó con el objeto de planificar, llevar a cabo y ultimar detalles del suceso criminal", aseguró el TOF 1.

Los hechos

Según la acusación, aquel día, el hombre caminaba junto a una vecina por la calle Vilela, cuando fue interceptado por un patrullero de la Policía Local de La Matanza, del que descendieron Peña y Gómez –con sus armas reglamentarias y uniformes-, lo golpearon y lo obligaron a subir al vehículo.

En ese momento, uno de los efectivos le refirió: "Sabemos que sos transa, sabemos que tu papá es transa, llamá a tu papá para pedirle dinero".

Para los jueces, esa maniobra contó con el apoyo de Brítez y Romero, quienes también estaban uniformados, armados y se desplazaban en otro móvil policial.

La víctima, quien les había respondido que su padre estaba muerto, fue trasladada a un descampado, situado en el kilómetro 40 de Virrey del Pino, y durante el trayecto uno de los policías le sustrajo una billetera, en cuyo interior había 30 pesos, papeles y su cédula de identidad expedida por la República del Paraguay.

Una vez en el baldío, al hombre lo obligaron a llamar a un amigo para que pagase un rescate de 60.000 pesos.

Dicha comunicación se efectuó a través del servicio de llamadas de la aplicación de mensajería WhatsApp y en el cual habían armado el grupo mencionado.

"Su denominación 'Ponela Tío' es paradigmática. De la prueba colectada y a la luz de lo sucedido está claro por qué se decidió llamarlo así: el 'tío' del secuestrado debía 'poner' el dinero del rescate. Para 'que la ponga' como dijo Renversade", aseguró la Sala III.

Durante su cautiverio, los patrulleros –tres en total- iban y venían, mientras que algunos de los efectivos golpeaban a la víctima, lo amenazaban con cortarle un dedo, le sacaron una foto e, inclusive, Gómez disparó dos veces contra el suelo cerca de donde estaba parado el joven.

Finalmente, dado que el amigo de la víctima no había conseguido el dinero, ésta se ofreció a juntar el rescate y dárselos al día siguiente, por lo que, alrededor de las 20.45, lo volvieron a subir a uno de los patrulleros y lo liberaron a cuadras del descampado.

"(El secuestrado) fue amenazado de muerte. Gómez le colocó una sevillana en el cuello. Como el dinero no podía ser juntado, (le) ofreció a los captores recolectarlo y a contactarse con ellos al día siguiente. No obstante ello, decidieron liberarlo toda vez que así lo ordenó Renversade cuando tomó conocimiento que el hecho había sido denunciado", precisaron los magistrados.

Tras sus detenciones y al ser indagados en la etapa de instrucción, algunos de los imputados se refirieron al hecho como un "procedimiento" por comercialización de estupefacientes, uno se negó a declarar y otros argumentaron que se trataba de una represalia por haber desbaratado una red de proveedores de narcóticos.