En su historial, la economía argentina ya guarda varios episodios de control y descompresión de alguna variable. Los intentos por contener lo inevitable terminan produciendo desequilibrios en ese mercado o contagiando las distorsiones al resto de la economía. Pero esta vez no hablamos del dólar o los precios que se presumen cuidados: es el turno de las tarifas de los servicios públicos.

La conexión con la política económica reforzó su protagonismo a la salida de la convertibilidad. En su afán por mostrar que una devaluación del 200% no impactaría en el resto de los precios, el gobierno de Eduardo Duhalde vio la luz: con el costo de los insumos y el capital, dolarizados, se podía subsidiar dicha diferencia para no abultar la factura. Conclusión: una catarata de juicios de las concesionaras en el CIADI (Centro Internacional de para cerrar la brecha entre los costos y tarifas “pisadas”.

Para el especialista Santiago Urbiztondo, economista jefe de FIEL y además profesor titular de Economía y Regulación de los Servicios Públicos en la Universidad Nacional de La Plata, el nivel tarifario debería multiplicarse por tres para alcanzar el valor actualizado que regía durante la convertibilidad, cuando no existían los subsidios.

El impacto de dicha brecha fue cambiando según la política aplicada, pero se constituyó en una magnitud de relevancia macroeconómica. Por ejemplo, en 2014 insumió el 5% del PBI, pero luego de los “tarifazos” desde el primer año de la administración de Mauricio Macri, bajó al 1,5% para 2019 y volvió a crecer a 3,3% del PBI en 2021. “El cuasi-congelamiento de las tarifas de distintos servicios públicos -gas, electricidad, transporte, agua potable, a nivel país o limitado al AMBA según sea el servicio- desde el segundo trimestre de 2019, frente a una inflación y devaluación acumuladas de prácticamente 200% desde entonces, revirtió la tendencia a la reducción de subsidios fiscales verificada entre 2016 y 2019”, explica el economista. El agravante, ahora es que, por el efecto combinado de la salida de pandemia y el escenario bélico en Ucrania, si nada cambia habría que agregar otro punto más del rojo tarifario para 2022. Es que los costos han subido en dólares (tal vez hasta 30% a lo largo del año.

Precisamente, lo que en otro contexto sería una “corrección técnica” ahora desata tempestades políticas, en medio de proyecciones inflacionarias para 2022 de 60% anual. Sólo basta recordar que las grandes manifestaciones ocurridas en octubre de 2019 en Santiago de Chile originadas por un ajuste tarifario en el metro, encendió una mecha de descontento contra “el sistema” vigente, con estabilidad de precios, crecimiento sostenido y pobreza en retroceso a lo largo de las tres décadas de democracia. Y el aumento del boleto, en ese caso, había sido sólo del 4%....

El tiempo

La decisión oficial de descongelar las tarifas tiene muchos antecedentes lógicos pero un disparador: el compromiso asumido con el FMI. “Luego de los aumentos tarifarios de marzo en gas y electricidad (en torno al 20%), los aumentos previstos para junio (20% adicional en general, y eliminación de subsidios fiscales para el 10% de la población con mayor poder adquisitivo), no alcanzará siquiera para evitar que los subsidios fiscales, medidos como porcentaje del PBI, suban en 2022 respecto de 2021”, agrega Urbiztondo. Ese cálculo proyecta que suponiendo que en transporte y agua potable en el AMBA hubiera aumentos del 40% durante 2022, a partir de diciembre de este año todavía quedarán pendientes aumentos tarifarios por encima de la inflación futura del 75% en términos generales (considerando gas, electricidad, transporte y saneamiento en el AMBA).

El ruido inevitable que hace esta medida para una cultura consumidora que se fue acostumbrando al acceso barato a los servicios públicos como una conquista social independientemente del costo fiscal, alimenta las dudas de si realmente podría llevarse a cabo. Incluso, la diagonal encontrada por el Gobierno de segmentar el aumento introduciendo un criterio distributivo de dudosa efectividad y vulnerable a los planteos jurídicos de los más afectados, también entra en una nebulosa. “Es realmente una incógnita si realmente se va a poder implementar la actualización propuesta, por un lado y si, además, se podrá hacer la segmentación prometida”, sentencia Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos. En sus proyecciones, los ajustes de tarifas, con suerte, terminarán empatando una inflación que hoy ya está arriba del 60% anual. Es decir, aun superando los obstáculos, no servirán para bajar el déficit proyectado.

Rebote

El problema de reprimir precios en mercados más sensibles, como el de los servicios públicos, con las distorsiones arrastradas que van acumulando presión para alcanzar su equilibrio, que muchas veces genera un salto en el nivel de precios. “La inflación es el aumento sostenido de todos los precios. En este sentido, la actualización de cualquier precio no alimenta en particular la inflación, sino que la acompaña. Pero retrasar un precio en particular para aplacarla, contiene muy poco y luego provoca un salto brusco cuando la presión hace imposible mantenerlo retrasado” explica el economista Jorge Colina, presidente de IDESA. También Urbiztondo no adhiere al argumento del empujón inflacionario para postergar ajustes. “En el mediano y largo plazo, la inflación no depende de los niveles de las tarifas sino de la existencia de un plan integral que incluya cierto equilibrio fiscal (dado por el acceso al crédito público de manera sostenible). Sin un plan macroeconómico consistente, cualquier medida adoptada conduce a la inflación”, advierte.

Liberación

La encerrona en la toma de decisiones no sólo abarca a las tarifas, sino que también alcanza a otras dos variables en las que la política oficial usó como “anclas” inflacionarias en los últimos dos años: el tipo de cambio y la tasa de interés.

Durante 2021 el dólar “oficial” subió 25% contra 54% del alza del índice de precios al consumidor (IPC). Tiscornia estima que “al dólar lo van a seguir moviendo a la misma velocidad que hasta ahora: entre el 3,5% y 4% al mes”, resume. Al igual que con las tarifas, también analiza que las alzas previstas ya están incorporadas en las expectativas inflacionarias, que sólo se alterarán si existe un salto súbito imprevisto.

El circuito con la tasa de interés es más intrincado. La semana pasada, el Banco Central subió 2,5% la tasa de corte en las licitaciones de letras, convalidando una tasa de 59% efectiva anual. Subirla algunos puntos más no sería descabellado con una inflación corriendo cómoda por encima, pero entraría en una espiral recesiva justo cuando la actividad económica entraba en una “meseta” luego de la recuperación del año pasado.

Un ingrediente más para la una fórmula estabilizadora que se complica cada vez que se acelera la inflación que, paradójicamente, es la que alimenta estas medidas de emergencia. Un círculo vicioso que debería mutar en virtuoso en algún momento.