El juzgado de Rodolfo Canicoba Corral no sólo acreditó que el Gobierno controló a los jueces de la Corte Suprema, entre otros funcionarios judiciales, sino que también habría vigilado los movimientos de varios mandatarios provinciales del peronismo, como Alicia Kirchner, y hasta de un importante mandatario del socio más importante del PRO en Cambiemos. Los detalles. El súper escándalo de espionaje ilegal masivo que comenzó a investigarse a principios de octubre comienza a mostrar que la escala que alcanza es cada vez mayor: el gobierno de Mauricio Macri no sólo vigiló los movimientos de magistrados de todo el país y de los jueces de la Corte Suprema de la Nación, sino que también espió a una gran cantidad de gobernadores peronistas y hasta fue víctima del mismo tipo de operación un importante mandatario provincial de la UCR, el máximo socio del PRO al interior de Juntos por el Cambio. Según confirmó Infobae, en la investigación que tramita en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral se sumó ahora que los datos de Migraciones permitieron acreditar que se vigilaron los movimientos de los gobernadores Alicia Kirchner (Santa Cruz), Oscar Domingo Peppo (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut) y Hugo Mario Passalacqua (Misiones), de la actual oposición peronista, pero también fue controlado Alfredo Cornejo, el gobernador saliente de Mendoza que busca colocarse como líder del UCR, aliado principal del PRO en Juntos por el Cambio.
A la lista de gobernadores que recibió el juez Canicoba Corral se agregan los nombres de tres legisladores nacionales: Agustin Rossi, diputado y jefe de la bancada del Frente para la Victoria-PJ; el diputado por Santa Fe y ex secretario de Transporte Alejandro Ramos; y también el diputado por San Luis y ex gobernador de esa provincia Claudio Poggi, dirigente que en los últimos tiempos se había acercado al macrismo.
Por el momento, los investigadores no indicaron si se acreditó desde qué usuario ingresaron para conocer los movimientos migratorios de estos dirigentes. Pero los nombres vienen a sumarse a la causa que investiga Canicoba Corral junto al fiscal Ramiro González.
En uno de los dictámenes de la causa que firmó González explicó que en el expediente se trata de determinar por qué se habrían llevado adelante acciones de “espionaje e inteligencia ilegal” sobre magistrados y legisladores. El juez Canicoba Corral también le pidió a Migraciones que informe si integrantes del Poder Ejecutivo figuran entre los nombres de quienes fueron consultados sin autorización legal para hacerlo.
González le había pedido a Canicoba Corral que constate si a través del sistema e-log de la AFIP se realizaron consultas “por fuera de un marco legal que la justifique” y que, de ser necesario, se convoque a personal especializado de la AFIP para que explique cómo funciona el sistema.
El principal punto de la investigación son las consultas a la Dirección Nacional de Migraciones desde distintos usuarios en diferentes organismos públicos: el Ministerio de Seguridad, la AFIP, la Policía Federal, la Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería, la Procuración General de la Nación, Prefectura, la Policía de la Ciudad, y dependencias de la Corte Suprema.
En la causa ya se acreditó que se detectaron consultas sobre los movimientos de los jueces de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Pero también de los camaristas Ana María Figueroa, Martín Irurzun, Mariano Llorens y los jueces Rodolfo Canicoba Corral, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Luis Osvaldo Rodríguez, María Servini, Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart, Pablo Yadarola, Claudio Gutierrez de la Cárcova, María Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer, Angel Nardiello, Sergio Paduczak, Javier Feliciano Río, José Martínez Sobrino y Nicolás Toselli.
