Corrupción PRO: Aranguren por beneficiar a sus empresas y a Laura Alonso por encubrirlo

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    Cuando el oficialismo se promociona por el valor de la transparencia, el ex ministro de Energía y ex CEO de Shell deberá responder ante la justicia por los beneficios otorgados a su empresa, mientras que la titular de la Oficina Anticorrupción lo hará por protegerlo. La causa está en manos del juez Luis Rodríguez.

    Es que una de las principales banderas -tal vez la única que hasta sus propios adherentes sostienen- de Juntos por el Cambio es la de la transparencia, y cada día avanzan en la justicia más causas por corrupción que ensucian a sus funcionarios: en este caso, fueron citados a declaración indagatoria el ex ministro de Energía Juan José Aranguren por usar su cargo para beneficiar a su empresa y Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, por encubrirlo.

    Aranguren y la polémica Alonso deberán prestar declaración indagatoria el 20 y el 21 de noviembre respectivamente en el marco de una causa que investiga la compra de gas a Chile y el presunto beneficio económico que habría obtenido el ahora ex titular de Energía como accionista de la multinacional Shell.

    En el caso de Alonso, la imputación es por encubrir al entonces miembro del gabinete de Macri, luego de recibir una denuncia de los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Martín Doñate.

    Según consta en el expediente que instruye desde 2016 el juez federal Luis Rodríguez, Aranguren desarrolló la mayor parte de su carrera laboral en la empresa Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A., que forma parte del Grupo Royal Dutch Shell Plc (RDS): ingresó en 1979, escaló hasta el cargo de presidente en 2003 y ocupó ese lugar hasta su retiro en junio de 2015.

    La denuncia de los legisladores peronistas señaló la “incompatibilidad para el ejercicio de la función pública y un conflicto de interés” por parte de Aranguren, quien pasó a la historia por los tarifazos de los servicios públicos, y advirtió que una presentación similar habían realizado ante la OA sin que Alonso acusara recibo.

    Doñate y Tailhade recordaron que en su declaración jurada patrimonial integrada, Aranguren, como ex CEO de la filial argentina de la trasnacional petrolera, declaró poseer “más de trece millones de pesos en acciones ‘clase A’ de la empresa Royal Dutch Shell”. Las mismas fueron parte de las bonificaciones que el ex funcionario recibió de Shell, reseñaron.

    Por otro lado, la causa investiga las decisiones adoptadas por Aranguren durante su gestión que podrían haber beneficiado a la empresa Shell y por extensión a sí mismo como accionista. Puntualmente, dieron cuenta de “un oscuro negocio” en la compra de gas a Chile en forma directa, pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando al Estado Plurinacional de Bolivia.

    Los legisladores relataron que el 28 y 29 de marzo pasados, por resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial, se autorizó el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell y por esa decisión se autorizó la “compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia”.

    La titular de la OA es una de las funcionarias más polémicas del macrismo y que figura como pedido clavado de renuncia de diversos sectores de la política, la prensa y la sociedad.

    Para que asumiera la conducción del organismo que debiera prevenir e investigar en vivo el accionar del Poder Ejecutivo fue necesario un atajo legal, ya que la ex diputada no tenía título de abogada. Durante su gestión en la OA fue criticada por no haber impulsado ninguna acción contra los funcionarios del gobierno.

    De hecho, en junio pasado la Auditoría General de la Nación, organismo encargado de ejercer el control externo de las reparticiones públicas, dependiente del Congreso, presentó un amparo en el fuero contencioso administrativo donde señaló que Alonso incumplió a lo largo de nueve meses con su obligación de responder a sus requerimientos. Según la presentación, la funcionaria está empacada y se niega a entregar el listado de sus manuales de procedimiento, guías de trabajo y las listas de denuncias presentadas ante la justicia, las denuncias recibidas y su estado actual.

     

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