La Ciencia Política nos ha enseñado a los que nos especializamos en la problemática electoral que una cosa es la regularidad técnica del comicio y otra muy distinta es la cultura política en la que esta opera. En la Argentina el ventajismo político es la única lista que se presenta en todas las elecciones y siempre gana.
Todo contexto electoral se desenvuelve en una determinada cultura política. Esta última se conforma por intermedio de prácticas consolidadas o recurrentes sostenidas en los tiempos. Cuando analizamos el caso argentino es llamativo observar cómo desde las instituciones estatales se fomentaron prácticas que lesionaron y lesionan los derechos políticos de una ciudadanía real o potencial. Cuando el Estado nacional comenzaba a consolidarse tuvo que atravesar una crisis muy fuerte en el año 1890. La crisis, por ese entonces, era económica pero también política y sobre todo moral. Se escucharon con más vigor los reclamos para que el gobierno conservador de aquel tiempo cumpliera efectivamente con el mandato de la Revolución de Mayo y la Constitución de 1853 en lo que concierne al respeto de la soberanía popular. La compra de votos, la violencia, el fraude, el voto cantado, el clientelismo sumado a un conjunto infinito de tretas conformaron el contexto en el que operaba la «regla» electoral. Las instituciones eran las encargadas de garantizar y reproducir estás prácticas políticas. Tal es así que la máxima autoridad estatal, el presidente de la República Carlos Pellegrini, decía por aquellos años que «no había voto más libre que el que se podía comprar o vender».
Qué se podía esperar si en la práctica, tal como lo describió Natalio Botana en su libro «El Orden Conservador», se había invertido todo principio democrático.
La soberanía popular se había transferido, ya no la tenía en su poder cada elector o ciudadano, ahora la tenía ese «gran elector»: el Poder Ejecutivo. Desde allí distorsionaba todo el proceso democrático en su provecho, tal es así que designaba a los gobernadores, confeccionaba las listas de diputados y senadores y garantizaba que en las elecciones estas listas no tuvieran ningún tipo de competencia. Un agudo observador de esa época fue el escritor socialista Roberto Payró quien detalló en sus cuentos las prácticas irregulares que estaban institucionalizadas o naturalizadas. Gracias a sus relatos conocimos al minucioso escribano Ferreiro, el encargado de fiscalizar la urna de Pago Chico. También conocimos su particular método de copiar el registro para llenar la urna con las boletas de los dos candidatos del oficialismo. Esta urna ubicada al frente de la Iglesia era celosamente custodiada por sus correligionarios armados a Rémington, cumpliendo de este modo con su deber «patriótico». En otro de sus libros Payró inmortaliza a ese político inescrupuloso y ambicioso que pudo perpetrar los fraudes más escandalosos apelando al deber cívico y a la democracia; allí estaba el «altruista» Mauricio Gómez Herrera. En la actualidad muchas de estas prácticas perduran.
El control del territorio permite el acarreo, el robo de boletas o el voto cadena, o la sustitución de la identidad. La imposibilidad de diferenciar entre el partido de gobierno y el Estado (a nivel nacional o local) hace que el clientelismo se desarrolle en dos sentidos: de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, el elector queda atrapado en el medio. Alain Rouquié al analizar los sistemas electores no competitivos define este cuadro como situaciones autoritarias (ya que coercionan al elector) y de relaciones de solidaridad vertical u horizontal. El ventajismo de a poco se apodera del proceso electoral; por un lado el oficialismo desconoce la normativa electoral y todo acto de gestión se transforma en un acto político para promocionar los candidatos del gobierno, por el otro, la oposición para contrarrestar esta situación comienza la campaña mucho antes de los permitido. En definitiva, contamos con un marco normativo interesante. En este sentido la sanción de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral (Ley 26.571/2009) ha sido un avance. Sin embargo se ha evidenciado que son muchos los actores políticos que «estiran» la norma o directamente no la cumplen y esto se debe a que se necesita un cambio cultural que acompañe al marco legal. Es aquí cuando los partidos políticos deben conformar un espacio de diálogo que trascienda lo electoral para consagrar un cambio en las prácticas, en la cultura política. Los tres partidos políticos de México lo han iniciado y esto representa un gran avance que ni la turbulencia que ha dejado la última elección regional alcanza a empañar. Se trata de retomar el camino que en la etapa de la recuperación democrática tomó el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Se necesitan sujetos democráticos que operen con otras prácticas políticas en un marco electoral transparente y equitativo. Las instituciones estatales cumplen una función central en esta tarea, sin embargo solas no pueden. Se requiere también una ciudadanía activa y organizada para que tanto las instituciones del Estado como así también los actores políticos instalen en sus agendas estos desafíos urgentes.
Por Leandro Querido. Titular de Transparencia Electoral
